El estado de Washington creará un fondo de alivio para los trabajadores indocumentados

 

El Congreso y la administración de Trump intencionalmente han excluido a los inmigrantes indocumentados de los programas de alivio federal durante esta pandemia. Pero el estado de Washington finalmente está tomando acción para crear un fondo de alivio estatal para los trabajadores indocumentados. 

Después de una campaña dura, que fue liderada por una amplia coalición de trabajadores indocumentados y 430 organizaciones comunitarias, celebramos un gran logro: el Gobernador Inslee acaba de anunciar un fondo de $40 millones para dar alivio a los trabajadores inmigrantes indocumentados afectados por la pandemia. Cuando abren los solicitudes, este Fondo de Alivio podrá dar asistencia financiera a las personas indocumentadas, proveyendo un máximo de $1000 para cada individuo. Con este fondo, el estado de Washington se une con los estados de Oregon y California como los únicos tres en los Estados Unidos que están dando alivio a los inmigrantes indocumentados durante esta crisis. 

Ya era hora de tomar acción. El Fondo de Alivio pondrá dinero muy necesario en los manos de miles de trabajadores indocumentados, quienes no han recibido ningún tipo de alivio del gobierno desde que comenzó la pandemia en marzo. 

Habrá un proceso de registro separado para solicitar apoyo del fondo, y las solicitudes aún no están abiertas. Se espera que el fondo esté abierto en el otoño. La oficina del Gobernador está trabajando ahora en un proceso para identificar una fundación u organización sin fines de lucro que pueda asegurar que los fondos de alivio lleguen a aquellos que más necesitan asistencia. Regístrate aquí para estar actualizado sobre los próximos pasos para el fondo y para estar notificado cuando abra la solicitud.

 

“Crear este fondo de alivio es lo menos que podemos hacer, pero no debe ser la última cosa que hagamos.” — Rebecca Saldaña, Senadora Estatal y miembra de la Mesa Directiva de Fair Work Center

El fondo provee asistencia financiera a miles de familias inmigrantes, pero $40 millones no es suficiente para dar alivio a todos en la comunidad que necesitan asistencia. Más de 270,000 personas indocumentados viven en el estado de Washington, y hasta ahora, han sido excluidos de cientos de millones de dólares en alivio económico durante la pandemia, incluyendo los $1200 en cheques de estímulo y los $600 en beneficios adicionales de desempleo que recibieron la mayoría de trabajadores. 

A pesar de que los trabajadores inmigrantes indocumentados están sobrerrepresentados en las industrias más afectadas por la pandemia — como los restaurantes y el sector de la hospitalidad — la mayoría de aquellos aún enfrentan una pérdida completa de sus ingresos. Sin alivio de ingresos, muchos trabajadores tienen que buscar otra formas de trabajar, a pesar de tener condiciones que los ponen en alto riesgo de contraer el coronavirus, o de tener familiares que están en alto riesgo de contraerlo. Esta situación resulta en un problema grave para el control de la propagación del virus y la protección de la salud pública. Para abordar esta crisis de salud pública, todos los trabajadores necesitan la seguridad económica. 

A medida que celebramos $40 millones en ayuda, el trabajo no ha acabado, y la mayor financiación será necesaria para dar fondos a todos con necesidad. Por eso, exigimos desde el principio $100 millones de asistencia, y por eso seguimos abogando hasta que alcancemos los fondos necesarios para la comunidad.

Las reglas federales todavía prohíben a los trabajadores indocumentados acceder a los beneficios de desempleo. No es suficiente dar una asistencia de una sola vez mientras los trabajadores enfrentan una crisis económica tan grave. El Gobernador y la legislatura estatal necesitan crear un sistema permanente para proveer alivio financiero a los trabajadores indocumentados.

Continuamos exigiendo que el estado y nuestros funcionarios electos inviertan en una fuerte red de alivio económico para todos, sin importar el estatus migratorio. Todos los trabajadores merecen la garantía de seguridad económica, más aún durante tiempos de crisis.